Es importante que los ciudadanos sepan lo que cuesta el servicio de transporte público, qué parte paga con su billete y de qué parte se encargan las administraciones. Esa es la idea con la que el secretario general de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Ángel Fernández, abrió la jornada que ATUC y la propia FEMP celebraron el pasado jueves 24 de abril en Madrid.

El transporte público es esencial para el correcto funcionamiento de nuestras ciudades. El secretario general de ATUC, Jesús Herrero, destacó que cada día cuatro millones de personas se desplazan en España en transporte público. El modelo de movilidad existente basado en el vehículo privado es muy ineficiente, debiendo ocupar el transporte público parte del espacio que hoy ocupa el automóvil. Siendo los ayuntamientos a los que presta atención la FEMP agentes fundamentales en la gestión del transporte público y teniendo en cuenta que ATUC aglutina a la mayor parte de empresas gestoras de este servicio, Herrero destacó que ambas instituciones son socios naturales y la colaboración entre ambas es por tanto muy estrecha.

Una vez finalizada la presentación, se dio paso a las ponencias que conformaron la jornada, no sin antes recordar una vez más la importancia que tiene la creación de una ley que regule la financiación del transporte público en nuestro país, que establezca no solo las cantidades, sino las reglas del juego que garanticen al sector un entorno estable y previsible.

Las nuevas normas para la administración local

La primera ponencia estuvo a cargo de Néstor Valcárcel, director del Área de Contratación del Ayuntamiento de Santiago de Compostela. Valcárcel realizó un recorrido sobre los principales aspectos de la nueva Ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local, que regulará las competencias de los ayuntamientos y controlará su déficit. Hacía 30 años que no se modificaba el régimen de las entidades locales, de ahí la importancia de la norma.

Para entender la necesidad de esta ley, hay que tener en cuenta el contexto en el que ésta se crea: la grave crisis financiera y mundial a la que estamos sometidos desde 2008. Esta situación hace necesario que se produzcan cambios en todos los niveles, tanto directivos como estructurales. Ya no vale solucionar los parches del día a día.

Dentro de estos cambios estructurales se destacó el papel de las diputaciones, ya que son organismos que cumplen una importante misión de coordinación entre ayuntamientos y de prestación de servicios a los municipios de menor tamaño. La nueva ley busca clarificar las competencias de este nivel de la administración, garantizar su control financiero y fortalecer su papel de apoyo a las entidades locales.

Valcárcel destacó la importancia de la participación ciudadana. Es esencial la cooperación con organizaciones privadas, asociaciones de ciudadanos y otros organismos no lucrativos, Pero esta vez de verdad. No se puede dar la espalda a la sociedad, concluyó.

Tras presentar los aspectos generales de la Ley, se quiso destacar cómo afecta al sector del transporte público. Se establece que éste es un servicio esencial que además es obligatorio para los municipios de más de 50.000 habitantes. Si bien es importante que, al igual que en otras materias, se ajusten los costes y que sus presupuestos estén equilibrados, la ley le concede ciertos beneficios, como la ampliación de los plazos de cumplimiento de los objetivos de déficit, dado su especial carácter esencial.

Finalmente, en el debate posterior a la ponencia, algunos asistentes mostraron su preocupación por cómo pueden afectar las estrictas condiciones de la Ley las inversiones para la renovación de flotas. En relación a este asunto, se indicó que existe la posibilidad de utilizar los remanentes presupuestarios con esta finalidad.

La transparencia

La últimamente tan traída transparencia fue el objeto de la ponencia realizada por Jonatan Baena, secretario del Ayuntamiento de la localidad valenciana de Torrent. La nueva Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno establece el nuevo modelo de transmisión de la información desde las administraciones hacia los ciudadanos. Esta nueva norma, ya en vigor en algunos de sus aspectos, establece por una parte qué organismos y qué datos están obligados a hacer públicos.

Baena explicó que además de las administraciones y las entidades públicas, quedan incluidas en los distintos niveles que la Ley establece otros organismos, como sindicatos o empresas cuyo capital público supere el 50% o reciban más de 100.000 euros al año en ayudas públicas. Además, existe un nivel específico para entidades, públicos o privados, que presten servicios públicos o contratistas de estos servicios. Este nivel es el que afecta fundamentalmente a las empresas gestoras de transporte urbano colectivo.

Queda establecido en la Ley qué se entiende por información pública, y quiénes tienen derecho a acceder a ella, así como las limitaciones de acceso, motivadas fundamentalmente por motivos de seguridad, defensa o garantía de igualdad en procesos judiciales. También se diferencia entre información activa y pasiva, siendo la primera la que los organismos están obligados a publicar en sus páginas web o direcciones electrónicas sin que nadie la reclame previamente. Además, en el caso de que se deniegue el acceso a algún tipo de información, se establece la obligatoriedad de publicar el motivo de dicha denegación.

En el debate posterior se preguntó por el estado actual del desarrollo de las distintas páginas web de las administraciones de cara a sus nuevas obligaciones en materia de transparencia, indicando Baena que el nivel actual es bueno, existiendo ya numerosos ayuntamientos y comunidades autónomas que han creado páginas específicas en las que los ciudadanos pueden acceder libremente a la información.

Para terminar esta parte de la jornada, los participantes mostraron interés por saber si los ciudadanos están preparados para utilizar una arma tan poderosa como es esta nueva Ley de transparencia, destacándose por el ponente que lo importante es la cantidad de información activa que la nueva legislación va a aportar sin que el ciudadano tenga que solicitarla expresamente.

Europa

El cierre de la jornada corrió a cargo del director adjunto a la gerencia de la EMT de Madrid, Francisco Félix González, con una ponencia en la que repasó las nuevas directivas europeas que tienen repercusión en el transporte público urbano. Estas directivas son las de contratación pública, la de adjudicación de contratos de concesión y la de contratación de las entidades que operan, entre otros sectores, en el de los transportes.

González destacó los objetivos de estas nuevas directivas, enmarcadas dentro de la Estrategia europea 2020 que fija los objetivos en materia de contratación pública. Estos objetivos se refieren, entre otros aspectos, al favorecimiento de la sostenibilidad, la creación de normas de carácter social, el fomento de la innovación y el respeto al medio ambiente.

Destacó además que las nuevas directivas modernizan y flexibilizan los procedimientos de contratación, aspecto de gran importancia para las empresas gestoras de transporte urbano y para las administraciones, y establecen medidas para evitar la corrupción.

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