Los billetes son solo una parte de los ingresos destinados a costear el transporte público, que requiere además de fondos públicos para completar sus necesidades de financiación. Así, cada año la Administración central distribuye entre los municipios una cantidad –que en 2016 ascendió a 51 millones de euros- de la que el 85% se reparte de acuerdo al déficit del billete. Sin embargo, otros factores como la demanda, la longitud de la línea y los criterios medioambientales, que a priori deberían tener más peso en el reparto, apenas suponen el 15% de la subvención, según la Asociación de Empresas Gestoras de Transportes Colectivos Urbanos (ATUC).
Si bien se asume que las ayudas tengan en cuenta el déficit por billete, ya que si el sistema se financiara sólo por ingresos de los usuarios los billetes serían mucho más caros, para la entidad este reparto no es ni homogéneo ni equitativo y produce algunos desequilibrios.
De hecho, en el reparto de subvenciones que da el Estado se da la circunstancia de que la ciudad que más recibe (excluyendo a Madrid, Barcelona, y Canarias que tienen contratos programa específicos) es Zaragoza, con 9,1 euros por habitante. Sin embargo, una ciudad como Valencia, con más población, recibió 7,6 euros por habitante.
