- Esta es una de las conclusiones a la que se ha llegado en la jornada de ATUC celebrada ayer para abordar el proyecto de Ley de Movilidad Sostenible
- Con la tramitación de la nueva normativa, España dejará de ser el único gran país europeo sin una ley estatal de Financiación de Transporte Público
- Se prevé que la ley este aprobada antes de la finalización de la actual legislativa
Madrid, 18 de enero de 2023.- En el contexto de su inminente tramitación parlamentaria, la Asociación de Trasportes Públicos Urbanos y Metropolitanos (ATUC) celebró ayer martes una jornada sobre el proyecto de Ley de Movilidad Sostenible. Así, el Espacio Meta en Madrid ha congregado a portavoces parlamentarios de la Comisión de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana del Congreso de los Diputados, junto a la secretaria general de Transporte y Movilidad, María José Rallo.
Entendiendo la importancia de la ley para nuestro país –en el que el 27% de las emisiones de gases de efecto invernadero proceden del transporte, cinco puntos más que la media europea-, el evento ha puesto sobre la mesa las prioridades de la norma. Así, se han abordado los ejes sobre los que pivota la futura Ley: derecho social, movilidad limpia y saludable, sistema digital e innovador y calidad en la inversión.
Certidumbre económica
La financiación ha sido uno de los puntos claves del debate. Y es que, hasta el momento, España es el único gran país europeo que no cuenta con una ley estatal de financiación de transporte público. “ATUC lleva más de una década trabajando por una ley de financiación. Las subvenciones en nuestro país dependen de decisiones políticas arbitrarias según los PGE, lo que nos impide una planificación efectiva de nuestros servicios con cierta previsión”, explicaba el presidente de ATUC, Miguel Ruiz Montañez. La futura Ley de Movilidad Sostenible pretende solventar estas deficiencias por lo que, desde la asociación, miran el nuevo marco normativo con optimismo.
Además, actualmente, la financiación del transporte público urbano por parte del Estado se encuentra en torno al 7%: “en este aspecto también nos encontramos a la cola de Europa. Las empresas viven una situación económica muy dura tras la Covid-19, por lo que todos estamos llamados a potenciar el modo de transporte colectivo de forma urgente”, apuntaba Ruiz Montañez. Con la nueva ley, se elevaría esta aportación al 25%.
Sobre el modelo asimétrico de financiación también opinó Andrés Lorite, portavoz del Partido Popular en la Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Para el diputado del PP es muy apropiado el debate y la tramitación de la norma en tanto en cuanto –además de lo que puede representar en materia climática– acaba con la incertidumbre del sector en materia económica: “el proyecto de ley hace una apuesta muy inteligente en torno a la distribución de los fondos para el transporte urbano por parte del Estado y atiende la reclamación del sector por la homologación”.
Un derecho para todos
Por primera vez, la ley reconocerá la movilidad como un derecho de toda la ciudadanía y un elemento de cohesión social que contribuye a la consecución del Estado del Bienestar. En este punto, Inés Granollers, portavoz de ERC-S, ha señalado que “la movilidad sostenible debe ser un asunto de interés general, sobre todo en las zonas despobladas. Es muy difícil luchar contra el reto demográfico sin movilidad”. Así, la diputada en el Congreso afirmaba que desde Esquerra Republicana pedirán que la ley pueda ir revisándose en función del contexto: “la gente joven debe tener las oportunidades que ellos quieran y no solo las que la movilidad le permite”.
El proyecto de ley busca también una mayor digitalización del transporte a través de un espacio de datos donde los principales agentes puedan compartir su información actualizada para optimizar la toma de decisiones. Con respecto a la digitalización para el usuario, Granollers ha subrayado la importancia de pensar también en los más mayores: “no solo nos podemos basar en aplicaciones móviles”.
Por su parte, el portavoz del Grupo Socialista, César Ramos ha afirmado que la tramitación de la ley va a conseguir un amplio consenso: “se trata de una primera ley de movilidad que –además de abrir posteriores debates en temas que requieren una mayor profundidad– dependerá de las administraciones públicas, ayuntamientos y empresas privadas y la conjugación de las CC. AA. y el Gobierno que dé su fruto”.
Además, Ramos se ha comprometido a aprobar la ley antes de la finalización de la actual legislatura: “la primera Ley de Movilidad Sostenible de la historia de España será aprobada en el primer semestre de este año”.
Broche institucional
La secretaria general de Transporte y Movilidad, María José Rallo, ha sido la encargada de clausular la jornada alegando que el servicio prestado por el transporte de las Comunidades Autónomas debe tener su espacio en la financiación autonómica, junto a la sanidad y educación.
Con respecto al contenido de futuro marco legislativo, Rallo ha afirmado que se trata de “una ley muy pragmática y robusta técnica y jurídicamente para ser un sustrato sobre el que construir” y advirtió que “todos los temas llevan una grandísima reflexión detrás”.
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