Jornada: Una ley para la financiación del transporte público urbano y metropolitano
Madrid, 30 de enero
En la ciudad de Madrid, en el auditorio de la emblemática torre Castellana 81, se celebró el pasado 30 de enero de 2019 la jornada “Una ley para la financiación del transporte público” organizada por Atuc Movilidad Sostenible.
Este acto fue un paso más de la Asociación de Transportes Públicos Urbanos y Metropolitanos a favor de una ley que garantice una subvención suficiente y estable del sector. Una iniciativa en la que Atuc lleva trabajando más de una década.
En este sentido, cabe destacar que el pasado 20 de septiembre de 2018, la Comisión de Fomento del Congreso de los Diputados aprobó una proposición no de ley en la que se instaba al Gobierno de España a presentar, en un plazo de seis meses, una Ley de Financiación para el Transporte Colectivo Urbano. La PNL fue pactada y aprobada por PSOE, PP, Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, Ciudadanos y Compromís.
INAUGURACIÓN
La secretaria general de Transporte, María José Rallo, dio la bienvenida a todos los asistentes al acto convocado por Atuc destacando que “un buen sistema de transporte púbico necesita de una financiación y avanzar hacia un marco legal que la garantice”.
Rallo aseguró que estamos avanzando hacia una movilidad distinta, para lo cual se debe poner la atención no tanto en las infraestructuras sino en garantizar dicha movilidad y subrayó la importancia ley de financiación del transporte urbano y metropolitano
PONENCIAS
El presidente de Atuc, Miguel Ruiz, presentó al auditorio una visión global de la movilidad en las ciudades, la situación del transporte público urbano y metropolitano ante una confluencia de cambios tanto sociológicos como tecnológicos y la necesidad de la adecuada, efectiva y previsible financiación.
“El modelo de movilidad actual está agotado y el problema de la financiación es endémico”, aseguró Ruiz. En su exposición, el máximo responsable de la asociación evidenció la falta de interés creciente hacia el vehículo privado de ciertas capas de la población, el reto pendiente que es la movilidad urbana y lo importante que resulta capitalizar los cambios mediante el liderazgo actuando de forma coordinada con nuevas realidades de movilidad en pro, siempre, de una verdadera movilidad sostenible que satisfaga las necesidades de la ciudadanía.
Entrando en el modelo de financiación actual, el presidente de Atuc hizo hincapié en el fomento de la ineficiencia al subvencionarse el déficit de explotación y en su irregularidad. “Es asimétrico entre ciudades iguales entre sí, se decide al vuelo en los Presupuestos General del Estado impidiendo planificar a más de un año... No hay reglas de juego para financiar el transporte público […] Se está premiando el déficit en la subvención; no parece muy razonable”, explicó.
Miguel Ruiz concluyó su intervención destacando que el sector y la ciudadanía “necesitan urgentemente” la ley de financiación del transporte público y que este “es un momento histórico” para conseguirla.
Seguidamente, el autor del borrador de iniciativa legislativa impulsada por Atuc, socio de Eversheds Sutherland, Alberto Dorrego, expuso las bases legales de esta ley de financiación.
Partiendo de la base de que el actual sistema de financiación del transporte público “es ineficaz e imprevisible” y cuenta “con grandes deficiencias”, según el experto en Derecho Público, los objetivos de una futura norma deben ser la creación de un marco estable de financiación, la declaración legal de la corresponsabilidad del Estado en ella, la plena objetividad y transparencia en el reparto o la inclusión de unos criterios de eficiencia en los mecanismo que articulen la legislación, entre otros.
Dorrego explicó que el modelo que se propone desde la asociación de transporte público urbano y metropolitano para su ley de financiación se fundamenta en la existencia de un Fondo Estatal de Movilidad Urbana Sostenible. Un fondo que estaría adscrito a la Administración General del Estado y dotado económicamente a través de los Presupuestos Generales del Estado. El socio de Eversheds Sutherland concluyó su intervención destacando que “la ley de financiación del transporte público debe ser rigurosa, realista y fácil de llevar a cabo”.
MESA REDONDA: LOS PARTIDOS POLÍTICOS ANTE LA LEY DE FINANCIACIÓN DEL TRANSPORTE PÚBLICO URBANO Y METROPOLITANO
La jornada organizada por Atuc se completó con una mesa redonda que trató recoger la posición de las principales formaciones políticas sobre esta necesaria ley de financiación. Moderada por la periodista de El Economista África Semprún, estuvo conformada por Ana María Zurita, del PP; César Joaquín Ramos, del PSOE; Félix Alonso, de Unidos Podemos; y Miguel Ángel Garaulet, de Ciudadanos. Los cuatro son portavoces en la Comisión de Fomento del Congreso y han mantenido contactos con la asociación.
Para la representante popular, “el transporte público tiene que ser el responsable de tejer una red capilar que llegue a todas las partes de España”. Zurita, además, aludió a los mecanismos para la distribución de los fondos de una futura ley de financiación, destacando que deberían evitar acrecentar desequilibrios territoriales en regiones con ofertas de transporte público muy dispares entre sí. La futura ley, señaló, debe ser garantía de movilidad y solución al excesivo uso del vehículo privado.
César Joaquín Ramos anunció que el Gobierno está trabajando en un borrador de ley de financiación, si bien reconoció que no se puede garantizar que se fuera a poder tramitar en este momento. No obstante, el paso ya está hecho para poder poner en marcha el proceso en cualquier momento. Subrayó la necesidad de ser más competitivos a nivel de país, porque “los países más competitivos serán los que puedan aplicar oportunidades como las nuevas tecnologías para garantizar servicios primordiales como la movilidad”. El socialista, además, se preguntó qué debe ser lo primero para el sector del transporte público, si el modelo de movilidad o la financiación. Considera que deben estudiarse los cambios que se están produciendo y, a partir de su análisis, diseñar un modelo de movilidad. Porque el transporte “es un servicio público que hay que garantizar”, aseveró.
Por su parte, Félix Alonso señaló la falta de liderazgo político y proactividad desde las instituciones destacando la existencia de numerosos libros blancos con propuestas y posibles iniciativas para el transporte público que, por falta de actuación, “se están poniendo amarillos”. El portavoz de Unidos Podemos en la Comisión de Fomento considera que durante años se ha pensado exclusivamente en infraestructuras y no tanto en movilidad. Además, dijo, las medidas para restar coches privados a veces resultan impopulares y pueden tener un coste electoral para los partidos que las impulsan, “pero hay que ser valientes”. Su formación también ha preparado su proyecto de ley pero les gustaría hablarlo con otros actores y partidos políticos para alcanzar el mayor consenso posible.
Miguel Ángel Garaulet remarcó que empatiza con los problemas del sector, los operadores y las empresas en calidad de empresario que es. El representante de Ciudadanos resaltó los problemas que surgen al no contar con un buen sistema de financiación para el transporte público y abogó por impulsar una ley nacional de movilidad urbana donde se apuesta, entre otros asuntos, por la intermodalidad y establezca tanto objetivos como responsabilidades. Garaulet abogó, además, por una autoridad de movilidad urbana que coordine a comunidades y ayuntamientos.
La mesa redonda terminó con la intervención del presidente de Atuc, Miguel Ruiz, quien demandó a los partidos políticos una ley sencilla que sirva como primer paso para ordenar la situación actual. “Solo pedimos una ley de financiación del transporte público que fije los criterios para ordenar lo que ya existe desde 1990, no es tan difícil”, explicó. César Cantalapiedra, consultor de Afi, interpeló a los portavoces de la Comisión de Fomento en la misma línea demandándoles construir a partir de la estructura existente, sin menoscabo de continuar avanzando de forma progresiva.
Aunque coincidieron en reconocer la imposibilidad de tener la norma antes del verano, el debate concluyó con el compromiso de los grupos de presentar y aprobar la ley de financiación del transporte público urbano y metropolitano.
